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Unanimidad política en 200 medidas para lograr el Pacto de Estado contra la violencia de género

La igualdad y la lucha contra la violencia de género serán asignaturas obligatorias en los colegios

Seis meses, 66 comparecencias de expertos, tres prórrogas y una última jornada de ocho horas casi ininterrumpidas de debate han sido necesarias para que laSubcomisión del Congreso encargada de redactar el documento que servirá de guía al pacto de Estado contra la violencia de género terminara su cometido. Finalmente, a última hora de este lunes consensuaron por unanimidad un texto de 200 medidas con un presupuesto de 1.000 millones de euros para llevarlas a cabo en los próximos cinco años.

A partir de ahora (aunque falta que se vote en la Comisión el próximo viernes, donde los partidos, a excepción del PP, presentarán votos particulares), la definición de violencia de género será más amplia. Ya no se considerará que es sólo aquella ejercida por la pareja o ex pareja, sino que se extiende el concepto a todos los tipos de violencia sobre la mujer que recoge el Convenio de Estambul. Así, entra en esta consideración, por ejemplo, la trata de mujeres con fines de explotación sexual y otras formas de violencia sexual contra las féminas. Sin embargo, no habrá una sola legislación, como pedían algunos miembros de la subcomisión, que recoja todos los tipos de violencia, sino que quedarán amparadas por diversas leyes.

«Es un día histórico para las víctimas de violencia de género y una gran noticia para la democracia», declaró Javier Maroto, del PP, tras el acuerdo. Pese a las críticas que recibió el Grupo Popular del resto de partidos, «por dar por cerrado un pacto cuando aún faltaban mucho más que flecos por resolver y por hacer un uso espurio e interesado de un logro que es de todos», como denunció la socialista Ángeles Alvarez, Maroto restó importancia a eso y resaltó lo «necesario» del texto ultimado.

«Hay tres características que hacen de este pacto algo sin precedentes. En primer lugar, resuelve una cuestión que genera una alarma social de primera magnitud. En segundo lugar, pone de acuerdo por primera vez en mucho tiempo a partidos con sensibilidades muy distintas y, por último, en este pacto las palabras no se las va a llevar el viento porque tenemos un compromiso firme de luchar contra esta lacra y una dotación económica para hacerlo», manifestó el diputado popular, para quien «sólo cabía unanimidad ante este problema».

En lo que va de año, 32 mujeres y seis menores han muerto por la violencia machista. Además, otros 16 niños han quedado huérfanos por esta causa.

La igualdad, asignatura obligatoria

Entre las medidas que ha destacado el PP figuran que «a partir de ahora, en todos los colegios habrá asignaturas obligatorias para hablar de igualdad» y también «para acceder a los cuerpos del Estado y a profesiones sanitarias y de servicio público será necesario aprobar materias sobre violencia de género». Fuera de la educación, Maroto destacó como «muy positivo» el consenso logrado para que «una mujer sin recursos víctima de violencia de género reciba seis meses de prestación para que pueda dar un paso al frente y rehacer su vida».

Satisfecha por el acuerdo pero menos entusiasta se mostró Ángeles Álvarez, del PSOE, quien incidió en «lo que ha costado llegar hasta aquí» y en que «ahora lo importante es que las medidas se pongan en práctica cuanto antes». Para Ángela Rodríguez, de Podemos, «esto es un informe de mínimos, pero han quedado muchas cosas por el camino» y lamentó que se trata de «un pacto descafeinado» porque el documento no tiene «un enfoque feminista, que nos parece fundamental, porque hay que recoger que esta sociedad aún es machista».

Patricia Reyes, de Ciudadanos, consideró que «la violencia de género no es un problema de las mujeres sino de toda la sociedad y hoy hemos conseguido algo muy importante para luchar contra esto». Además, destacó como importante la «creación de una comisión de seguimiento para ver si se están cumpliendo las medidas acordadas».

«Entre las cuestiones que más controversia generaron en la subcomisión se encontraban el desglose y el reparto de los 1.000 millones de presupuesto. «Hemos tardado mucho en acordar que ese dinero sea finalista y excepcional, es decir, que no se saque de otras partidas para ponerlo aquí, sino que sea específico para este fin», explicó Álvarez.

También ha quedado sujeto a más debate el tema judicial de la dispensa a declarar de la víctima en los casos de violencia de género. Ésta será una de las cuestiones incluidas en los votos particulares.

Prevención y protección

De las 200 medidas, muchas hacen hincapié en la prevención y en la sensibilización de la sociedad para evitar que se produzca esta violencia. Hay aspectos para trabajar en el sector educativo, en el sanitario y en los medios de comunicación. Por ejemplo, se pone énfasis en «hacer campañas de sensibilizaciónpara los jóvenes», «en atender a las mujeres del ámbito rural», «en sancionar a aquellos clubes que permitan la apología de la violencia de género en acontecimientos deportivos» o en «incluir las farmacias y consultas médicas como plataformas informativas».

Una vez que se ha producido la violencia de género, las medidas van encaminadas a aumentar la protección de la víctima y de los menores.

Así, el pacto prevé un «sistema de acompañamiento y ayuda en la toma de decisiones de la mujer desde el primer momento» y también «asegurar su asistencia social integral». Esto, para la diputada de Ciudadanos, es muy importante porque, en la actualidad, «el 80% de las víctimas no denuncia».

«Este pacto unánime es la demostración de que la política se puede hacer con dignidad y de que cuando la exigencia social es alta, los políticos responden», concluyó Javier Maroto.

Este documento que, sólo por haberlo consensuado ya todos los grupos lo consideran de «histórico», se someterá a votación en la Comisión de Igualdad el viernes 28 de julio, donde los partidos presentarán sus votos particulares. Pasado este trámite, el Gobierno tiene cuatro meses para hacer la tramitación legislativa necesaria para poner en marcha el pacto. Pero en cualquier caso, la intención del Ejecutivo es que esté listo «antes de que acabe el año».

Cinco medidas

  • Coordinación: La respuesta a la violencia de género no será sólo estatal sino que por primera vez la responsablidad se comparte con CCAA y Ayuntamientos. También participarán organizaciones sociales.
  • Etapas educativas: Abordar en todas las fases de la educación la prevención de la violencia de género, el machismo y las conductas violentas, así como la educación emocional y sexual y la igualdad.
  • Protocolos: Creación de protocolos de atención primaria y en urgencias para mejorar la detección de posibles víctimas ante las primeras señles de abusos.
  • Fiscalidad: Desgravación y beneficios tributarios a quienes tengan la patria potestad de huérfanos por violencia de género.
  • Ámbito judicial: Suprimir la atenuante de confesión en los delitos de violencia de género y que la custodia compartida no se imponga en casos de violencia de género

Fuente: El Mundo

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Angeles García

María Ángeles Gracía Pérez
Abogada y Auditora Sociolaboral

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